Reforma, 8 col., Traban reforma penal


Traban reforma penal

Reforma, 8 col., Víctor Fuentes

Ciudad de México  (18 febrero 2013).- Luego de 4 años y 8 meses de haber sido publicada, la reforma penal aún no opera ni a nivel federal ni en la mayoría de las entidades.

Y el tiempo se agota, pues, al momento de ser publicada, la reforma tenía un plazo de ocho años para ser aterrizada.

A este respecto, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío advirtió que el País se dirige a una crisis de Estado si no se logra concretar los cambios jurídicos y operativos necesarios para aplicar la reforma, que establece el sistema acusatorio y los juicios orales.

Además, el Congreso de la Unión no parece tener en su agenda, para este periodo de sesiones, la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, que es la norma secundaria más importante de la reforma y el indicador que refleja el verdadero avance del nuevo sistema de justicia a niveles estatal y federal.

Matt Ingram, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, quien sigue con detalle el tema, destacó en diciembre en un reporte que ya existe legislación en la materia en 22 entidades, pese a lo cual sólo en 12 se ha iniciado con la operación del sistema oral, aunque sea parcialmente.

“La operación real de estas leyes va atrasada, y en 2012 siguieron destacando algunas debilidades persistentes para la implementación de la reforma, y para la posibilidad de rastrear sus avances de manera efectiva”, dice el estudio.

Para Ingram, el Estado más destacado en este proceso es Chihuahua, no sólo porque la reforma ya opera en todo su territorio y para casi todos los delitos, sino por la generación de información y la transparencia con la que está funcionando.

“Nuevo León, que tiene la reforma más vieja, sólo procesa menos del 10 por ciento de los casos bajo el nuevo sistema, por eso ha sido decepcionante para muchos observadores”, mencionó.

Consideró que la principal resistencia a la reforma proviene de “élites legales”, entre ellas jueces, fiscales y litigantes, que pueden verla como un reto a su poder y prestigio, aunque también de sectores de la opinión pública que la consideran demasiado benigna con la delincuencia.

En cuanto a la propuesta del Presidente Peña Nieto para un Código de Procedimientos Único para todo el País, el profesor advirtió que se corre el riesgo de ignorar las mejores prácticas y experiencias de los 12 Estados en donde el nuevo sistema ya opera.

El Ministro Cossío indicó que la reforma penal incide sobre los métodos de trabajo de las Policías, los agentes del Ministerio Público y los servicios periciales.

Por ello, aseveró, se corre el riesgo de que crezcan los niveles de impunidad o incluso de una contrarreforma constitucional bajo el argumento de que los juicios orales fueron el verdadero error por ser contrarios a la tradición jurídica mexicana.

“Se debe tomar conciencia de que nos podemos meter en una crisis de Estado, de ese tamaño lo veo, si no somos capaces de iniciar bien un nuevo sistema, que es uno de los cambios culturales más grandes que ha tenido el País desde el punto de vista jurídico.

“Si estos juicios no pueden ser sustentados en acusaciones sólidas, con evidencias sólidas, entonces, con el amparo y bajo presunción de inocencia, vamos a tener que liberar a muchas personas. Y el pagano de toda esta fiesta puede ser el Poder Judicial Federal, que en 4 o 5 años puede estar en una crisis muy seria”, dijo.

A su vez, Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, calificó de alarmante la asimetría en la implementación de la reforma.

 

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