17jun13 Reforma, 8 col., Dilapida 92 mdp PGR de Calderón


Dilapida 92 mdp PGR de Calderón

Reforma, 8 col., Abel Barajas

Ciudad de México  (17 junio 2013).- Durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales auspició la contratación de servicios fantasmas por 92 millones de pesos.

A tan sólo cinco meses de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, la PGR contrató el desarrollo de 17 sistemas tecnológicos y bases de datos, de los cuales, a la fecha, 14 no operan, 2 ni siquiera fueron entregados y el único que sí funciona tiene un sobreprecio millonario.

Los contratos fueron adjudicados de forma directa a una empresa ubicada en Villahermosa, Tabasco, y denominada La Red Corporativo.

REFORMA tuvo acceso al contrato PGR/AD/CN/ SERV/147/2012, otorgado el 29 de junio pasado a dicha empresa por un costo de 92 millones 34 mil 90 pesos. Pese al monto, no hubo licitación.

La información del contrato no se encuentra en el portal de Obligaciones de Transparencia de la Procuraduría ni en el sistema de contrataciones públicas CompraNet debido a que la administración pasada blindó el documento bajo una cláusula de confidencialidad en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

A la empresa La Red Corporativo se le liquidaron aproximadamente 61 millones de pesos en tiempos de Morales, mientras que la actual administración de la Procuraduría detuvo el pago de 31 millones de pesos al no encontrar rastro de los sistemas.

Una de las principales irregularidades es que la empresa La Red Corporativo se comprometió a instalar en la PGR un Sistema de Administración de Recursos Humanos y otro de Información de Recursos Humanos, ambos en Java.

Entre los dos sistemas, sumaron un costo de 14 millones 943 mil 292 pesos más IVA.

El plazo de entrega establecido fue el 16 de noviembre de 2012, pese a lo cual fuentes autorizadas revelaron que los desarrollos de ambos sistemas nunca fueron entregados.

Según informes gubernamentales, la PGR necesitaba el Sistema de Administración de Recursos Humanos para calcular las percepciones y deducciones de sus empleados, y para generar y realizar el pago de nómina.

Por su parte, el Sistema Información de Recursos Humanos es una herramienta que la institución requería para registrar y dar seguimiento a los movimientos de alta y baja del personal, con datos personales y de beneficiarios, sistema que sería el insumo para el pago de la nómina.

Otra anomalía es el presunto desarrollo de un administrador de contenidos del sitio web de la Procuraduría a un costo cercano a los 9 millones de pesos, con el propósito de contar con un mayor manejo de los productos informativos y subirlos desde distintas unidades de la dependencia, pero que, en los hechos, resultó ser un simple maquillaje de la página.

Según las cláusulas, sería desarrollado bajo la plataforma JAVA JEE5, con las tecnologías JSFv1.1, Springv2.3 y PPAv1.0 y operaría un manejador de Base de Datos Oracle.

El administrador también manejaría redes sociales para las páginas de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y del Programa de Recompensas.

Con base en información gubernamental, la empresa proveedora usó como plataforma el administrador de contenidos “Alfresco”, una herramienta que es gratuita pero cumple con las características de las tecnologías requeridas en el contrato.

La página electrónica también cuenta con el manejador de Bases de Datos Oracle requerido; sin embargo, fue proporcionado por la PGR.

El contrato habla de desarrollar una versión móvil del portal de internet, no obstante, en el acta de entrega no se manejó como una aplicación móvil, sino como un desarrollo para proporcionarle funcionalidad a la página en dispositivos como los smartphones.

Tanto funcionarios de áreas técnicas de la propia dependencia como empresarios del ramo coincidieron en que el precio pagado por la administración de la Procuradora Marisela Morales no corresponde con los que se ofrecen en el mercado. Se trata, aseguraron, de un costo inflado.

Fuentes de la PGR estimaron que este tipo de productos pueden costar entre 300 mil y 600 mil pesos, cifras muy alejadas de los casi 9 millones pagados a la empresa tabasqueña.

El propietario de una compañía proveedora del Gobierno -quien habló a condición del anonimato- estimó en 2.5 millones los trabajos previstos en el contrato de la PGR, sin considerar que este precio puede variar si se tratara de una licitación, donde los precios compiten a la baja.

La fecha de entrega establecida en el contrato para el rubro del portal de internet fue el 15 de septiembre, pero la empresa no cumplió.

Hizo la entrega hasta el 5 de octubre, según confiaron funcionarios a este diario.

Reprueban funcionalidad

La Procuraduría contrató el desarrollo y no la implementación de los sistemas, tarea que la institución debía concretar una vez probado el producto entregado por la proveedora.

Sin embargo, de los 14 sistemas que no operan, 12 se debe a no haber pasado las pruebas de funcionalidad y 2 porque les faltan las pruebas finales de validación.

El Sistema de Registro y Consulta de Antecedentes, por ejemplo, cotizado en 5.3 millones de pesos, no opera debido a que no cuenta con la totalidad de módulos desarrollados y tampoco pasó las pruebas de funcionalidad.

Lo mismo ocurrió con el Sistema de Control de Preliberados, que costó 6.8 millones, cuya falta de operación se debe a que no tiene los elementos de seguridad que requiere un sistema de su tipo, según dijo personal que conoce del caso.

Otro ejemplo es el sistema Integra en plataforma Java, que pretendía usar la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) de la dependencia para registrar información sobre la distribución operativa de recursos humanos, administrativos y materiales en las 32 entidades federativas.

Los datos obtenidos indican que se entregó a la PGR el 30 de septiembre de 2012, el último día que tenía para hacerlo, y costó 3 millones 493 mil 568 pesos. Pero a la fecha no está en operación, porque no resultó funcional y tampoco fue aceptado por la DGPP.

La funcionalidad también falló a los sistemas Institucional de Registro de Personal Sustantivo (SIRPS), de Información de la Profesionalización (SIP), de Control de Preliberados (SCE) y de Análisis de Puestos Institucional (SAPI). Este último opera en plataforma ASP Oracle y no en Java, como lo debió entregar la proveedora.

Ocurrió lo mismo con los sistemas de Planeación Institucional (SPI) y de Registro y Consulta de Antecedentes (SIRCA) o la integración del Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) al Institucional de Información Estadística (SIIE).

Tampoco fueron satisfactorias las pruebas de funcionalidad de la aplicación para la Consulta de Nómina Histórica o los módulos de procesos del Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), no obstante que estos últimos fueron creados.

Otras de las irregularidades detectadas es que La Red Corporativo no entregó el desarrollo de algunos de los sistemas en los plazos establecidos en las cláusulas del contrato, que iban del 31 de agosto al 16 de noviembre de 2012.

Tal es el caso del Sistema de Administración de Riesgos, que costó 7 millones 340 mil 224 pesos y que fue entregado hasta el 31 de octubre, no obstante que la fecha límite que tenía para hacerlo era el 15 de septiembre.

Sólo dos de los 14 sistemas tienen posibilidad de operar, porque les faltan las pruebas finales de validación con el usuario y liberarlo a producción, según informaron. Uno de ellos es la actualización de la plataforma a Oracle y Java, y el otro es el de migración de información.

Pese a las anomalías, funcionarios del Gobierno federal informaron que no se comprometió información confidencial, debido a que la empresa sólo haría el desarrollo tecnológico y, una vez que funcionara, la PGR inyectaría la información, algo que tampoco sucedió.

Este contrato fue firmado por Francisco Javier Pérez Maqueda, ex director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR, y Ricardo Jiménez Martínez, ex director General Adjunto de Recursos Materiales.

También por Norma Zamudio Montiel, ex directora General Adjunta de Soluciones Tecnológicas Sustantivas, y Guillermina Muñoz Soto, ex directora de Tecnologías de Información y Comunicaciones, quien en los últimos cuatro meses del sexenio fue Oficial Mayor de la PGR.

Por la empresa La Red Corporativo, firmó su apoderado Sergio Fuentes Pérez.

Suspende pago la Procuraduría

La PGR suspendió el pago de los 31 millones de pesos que restaban por cubrir a la empresa La Red Corporativo, en el contrato que le otorgaron a fines de la administración pasada para desarrollar 17 sistemas tecnológicos y bases de datos.

De acuerdo con fuentes de la dependencia federal, el mes pasado, cuando llegó el aviso de las áreas administrativas para saldar el monto restante, la Procuraduría suspendió el pago por una serie de incumplimientos e irregularidades detectadas en dicha contratación.

El monto total del contrato es de 92 millones 34 mil 90 pesos y los trámites de pago iniciaron el 13 de noviembre pasado, con recursos de la partida 33301 denominada “Servicios de Informática”, según información gubernamental.

Hasta mayo del presente año, se habían cubierto 52 millones 428 mil 932 pesos, suma que con el Impuesto al Valor Agregado ascendía a unos 61 millones de pesos.

Algunas razones que motivaron la suspensión de pagos fue el descubrimiento de que la contratista aparentemente no entregó a la PGR algunos sistemas como los de Administración e Información de Recursos Humanos.

Dichas anomalías fueron descubiertas por un grupo de desarrollo en tecnologías en la presente administración de la PGR.

Según la información proporcionada, la Procuraduría ya ha fincado algunas penalizaciones a la empresa proveedora, cuyas oficinas principales se encuentran en la capital tabasqueña, derivado de los incumplimientos a las cláusulas del contrato.

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