Reforma, 8 col., Daniela Rea
Ciudad de México (1 octubre 2012).- El equipo de transición del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, y los organismos operadores del País trabajan en conjunto para crear la Secretaría del Agua.
Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), aseguró que existe interés y disposición en el equipo de transición para impulsar la propuesta al inicio del próximo sexenio.
De hecho, el coordinador de Agua del equipo del mexiquense, David Korenfeld, fue hasta abril pasado director general de esta misma asociación.
Olivares consideró que la creación de la nueva Secretaría es indispensable para enfrentar un rezago de inversión en infraestructura de 2 billones de pesos y cumplir las metas de abasto y saneamiento de la Agenda del Agua 2030 planteada por la Administración de Felipe Calderón.
«Si en la Ley de Aguas Nacionales se establece que el agua es un tema prioritario y de seguridad nacional, pues, hay que crear una Secretaría del Agua», afirmó en entrevista.
La ANEAS entregó a Peña, antes del inicio formal de la campaña, un documento en el que participaron 35 especialistas y que incluye la creación de la Secretaría del Agua, la cual deberá contar con las áreas de investigación, regulación, administración del agua y financiamiento.
«Esas cuatro áreas son mucho muy necesarias para el planteamiento de un esquema diferente en el sector», señala.
Sin embargo, Olivares reconoció que hacerla posible implicará un proceso complejo.
«Le corresponderá a Peña Nieto y al gabinete. Es un proceso pesado. Hay que pasarlo por el Congreso y por todo un esquema de andamiaje administrativo y legal jurídico. Requerirá de un plazo largo para poderse instrumentar», apuntó.
Subrayó que no se trata de crear por crear un nuevo aparato burocrático. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo, cuenta actualmente con más de 13 mil empleados y un presupuesto mayor que el de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Lo que se requiere, indicó, es un órgano con capacidad para instrumentar una verdadera política en materia hídrica y mayores atribuciones para regular el sector, además de adoptar las medidas necesarias para atender las crecientes necesidades que, en este renglón, tiene el País.
El también maestro en Administración Pública advirtió que la creación de la nueva Secretaría se debe acompañar por modificaciones en aspectos clave de la gestión del agua como la vigilancia del manejo de los recursos hídricos y la responsabilidad municipal en la prestación de servicios.
Respecto a la vigilancia, señaló que muchas voces han planteado que la competencia sea compartida con las entidades federativas y regulada por una norma general en la materia.
«Esta competencia pudiera ser compartida con una normatividad base, con un esquema de una norma general, que pueda ser verificada en el ámbito de las entidades para que se cumpla, para que haya capacidad de hacer las verificaciones. Está el esquema de los organismos de cuenca y direcciones locales, quizá pudiera darse esta situación, pero de una manera descentralizada y no centralizada como se da ahora», apunta.
La descentralización, detalla, podría apoyarse en las comisiones estatales de agua, pues si se mantiene a nivel de cuenca sólo se lograría a medias.
Sobre la responsabilidad de otorgar servicios de agua y saneamiento, Olivares considera necesario que se revise la atribución a nivel municipal y se dé un margen de maniobra para que ésta pueda ocurrir en distintos niveles: municipal, intermunicipal, estatal o regional.
«Quizá el modelo interestatal pudiera funcionar, pero lo que sí es obvio y urgente es que no puede continuar en los términos como está actualmente. Tenemos que cambiar que no sólo tengamos esquemas municipales, sino que permita asociaciones productivas, lo que más convenga», remarcó.
El cambio, señaló, implicaría una modificación al Artículo 115 de la Constitución, que fija la responsabilidad del municipio de otorgar los servicios de agua potable y saneamiento.
«Puede ser que se comparta por región de microcuenca, o que por la conveniencia se determine que en una zona de Oaxaca 5 o 6 municipios por el tipo de caída o gravedad del agua, haya alianza, por ejemplo. El modelo de la alianza es en función de la conveniencia y facilidad para platear el esquema que mejor convenga», insiste.
Olivares plantea como propuesta adicional la creación de un Instituto del Agua. Si bien actualmente existe el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), explica, hace falta cubrir otras áreas de investigación, como disponibilidad, proceso de distribución y tarifas.
«El IMTA en la estructura actual esta muy enfocado al esquema, como lo dice la Ley de Aguas Nacionales, de ser el brazo armado de capacitación para el sector y se requieren muchas más cuestiones. Tiene que haber estudios e investigación no sólo a nivel de análisis químicos, cálculos de cobertura, sino ver cada uno de los usos del agua, sus características, sus requerimientos, sus necesidades», apunta.
Si bien el documento entregado al Presidente electo no detalla el esquema de trabajo que tendría la Secretaría del Agua, considera que el área responsable de otorgar las concesiones del agua debe quedar dentro de esa dependencia.
Sin embargo, subraya, es necesaria una revisión y actualización del régimen de concesiones.
«Si hablamos de una Secretaría del Agua o una instancia fuerte, lo primero que debe tener es una cuestión sólida en materia de administración. Para poder administrar es necesario saber qué tenemos, esto es parte del esquema básico», indica.
México contó con una Secretaría de Recursos Hidráulicos entre 1946 y 1976, pero ese año el entonces Presidente José López Portillo la fusionó con la Secretaría de Agricultura. En 1996, se separó el manejo de la política hídrica para trasladarlo a la Conagua, creada en 1989.
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