Esconden mugre en IFE.- Contralor
Reforma, 8 col., Leslie Gómez
El contralor del IFE, Gregorio Guerrero, explotó ayer contra los consejeros del órgano electoral.
El funcionario los acusó de esconder la mugre bajo el tapete y permitir la impunidad al no sancionar las irregularidades halladas en la compra de un edificio en Acoxpa.
Previamente, en sesión del Consejo General, el IFE rechazó por unanimidad sancionar a Fernando Santos Madrigal, ex director ejecutivo de Administración del organismo, a quien la contraloría encontró responsable de daño patrimonial por 124 millones de pesos al comprar el edificio en cuestión a un precio inflado.
Según el expediente, el inmueble fue adquirido, a propuesta de Santos Madrigal, en 262 millones de pesos con base en un avalúo de Banobras en noviembre de 2009 pese a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales fijó el valor en 118 millones en diciembre de 2008 y en 125 millones en julio de 2009.
En la sesión de ayer, los consejeros argumentaron que no había pruebas determinantes para señalar que el funcionario se puso de acuerdo con Banobras para causar daño patrimonial al IFE.
«Está acreditado que la adquisición del inmueble se apegó a los procedimientos administrativos aplicables y vigentes en su momento», sostuvo el consejero presidente, Leonardo Valdés.
Luego de conocerse la resolución, el contralor arremetió en entrevista contra los consejeros.
«Nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete. Algunos consejeros que habitualmente hacen encendidas defensas en sus columnas y se llenan la boca de conceptos como ‘transparencia’, ‘rendición de cuentas’ y ‘combate a la corrupción’ hoy se han ocultado.
«Han empañado su nombre y empeñado su inteligencia dejando como su principal contribución al IFE una buena dosis de impunidad.
«No sólo lamento la decisión, sino que debo confesar que me produce indignación y hasta un poco de vergüenza. Estoy seguro que, si se tratara de su dinero y no del dinero público, sí hubieran identificado la diferencia entre comprar un edificio en 118 millones de pesos o (uno de) 262 millones», reclamó.
Advirtió que llevará el caso a la Cámara de Diputados para pedir cambios en el modelo de aplicación de sanciones con el fin de que no sea el Consejo General la última instancia para castigar a los funcionarios.
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