Reforma, 8 col., Manuel Durán
Ciudad de México (6 junio 2013).- El Instituto de Vivienda del DF (Invi) no sólo cobra a las empresas constructoras para incluirlas en el padrón de proveedores y les pide un porcentaje de los contratos: también les exige cuotas para liberarles los pagos pendientes.
Así lo denunciaron 14 representantes de diversas compañías que se reunieron ayer para definir las acciones que tomarán en contra de la dependencia y de su titular, Raymundo Collins.
El encuentro se dio luego de que REFORMA hizo pública la denuncia que contratistas y promotores de vivienda presentaron ante el Gobierno del Distrito Federal en el sentido de que eran víctimas de extorsión por parte de las autoridades del Invi.
Servando Montoya, representante legal de Grupo DIC, que actualmente tiene autorizados dos proyectos, detalló cómo se hace la presunta extorsión.
«Me citó a comer un licenciado Alejandro Espinoza Arenas. Me dijo que, si quería solventar mis problemas, (lo hacía) con 10 millones de pesos. Pensé que era una broma y que me quería extorsionar.
«Le oferté 500 mil pesos si me pagaban lo que me debían. Tal vez pensaron que era un insulto y me pidió 10 millones. Posteriormente me llamó gente de la oficina del ingeniero Collins para hacerme una cita», explicó.
Esa vez, dijo, fue atendido por Óscar Pérez Ramírez, asesor de Collins, y también le pidió ese monto.
«Le dije que no, que me era imposible desde cualquier punto de vista cubrir esa cuota. Le dije que, si me ayudaba a finiquitar mis contratos, yo me iba. Tampoco lo aceptaron», explicó.
De acuerdo con los denunciantes, el retraso en los pagos afecta por lo menos a siete empresas: Kahrpac, Constructora Ayotlán, Flores y Asociados, Super Constructores de Calidad, Grupo DIC, Finesa y Construcción, Asesoría y Supervisión.
El adeudo, calcularon los denunciantes, podría ascender a los 177 millones de pesos, lo cual ha provocado que existan desarrollos sin terminar y otros acabados pero sin posibilidad de ser entregados a las organizaciones que los encargaron.
Los quejosos prevén presentar hoy un documento en la Secretaría de Gobierno del GDF como parte de su denuncia.
Por la mañana, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que ordenó a la Contraloría y a la Procuraduría de Justicia locales iniciar una investigación contra Collins.
«Hemos ordenado que se inicie una averiguación previa. El Gobierno pidió (a los quejosos) presentaran las denuncias. Voy a estar muy atento con las instancias que correspondan», dijo.
Al respecto, el consejero jurídico, José Ramón Amieva, indicó que acercarán a los quejosos a todos los instrumentos de denuncia para que expongan su situación y se actúe conforme a la ley.
En tanto, Collins retó a los empresarios a presentar las pruebas de extorsión en su contra y atribuyó la denuncia pública a que los constructores tenían ciertos privilegios en la pasada Administración que él busca erradicar.
Consultores en Investigación y Análisis de Medios, S.C. 