Reforma, 8 col., Claudia Guerrero, Mayolo López y Abel Barajas
Ciudad de México (18 junio 2013).- Legisladores federales exigieron ayer castigar a los funcionarios de la PGR que otorgaron contratos para servicios fantasmas por 92 millones de pesos, a finales del sexenio calderonista.
De igual forma demandaron que la ex Procuradora Marisela Morales pida licencia a su nuevo cargo como Cónsul en Milán a fin de que responda a las acusaciones sobre su gestión.
«La ex Procuradora debe pedir licencia, regresar a rendir cuentas y transparentar los recursos que tuvo a su cargo.
«Ella está obligada a dar una explicación de los sistemas que se compraron, por qué se compraron y aclarar cualquier presunta irregularidad administrativa», manifestó el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero.
Ayer, REFORMA publicó que, a sólo cinco meses de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, la PGR, bajo las órdenes de Morales, contrató el desarrollo de 17 sistemas tecnológicos y bases de datos a La Red Corporativo.
De esos sistemas, a la fecha, 14 no operan, 2 no fueron entregados y el que sí funciona tiene un sobreprecio millonario.
El diputado del PRD Fernando Zárate estimó que Morales no se debe mantener como Cónsul.
«Habría que iniciar un juicio político (contra la ex Procuradora) con el objetivo de que se le inhabilitara como servidora pública para desempeñar, por negligencia, por dolo y/o por la comisión de delitos», dijo el diputado.
En cambio, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, minimizó el caso.
«De los programas y servicios que quedaron en el aire, a lo mejor es que todavía no se entregan los entregables. Normalmente, en un contrato hay tiempos para cumplir con el contrato y, cuando no es así, se puede presentar una demanda contra el proveedor», indicó.
La Secretaría de la Función Pública, a su vez, inició una investigación sobre el contrato.
Según fuentes federales, la PGR denunció ante su Órgano Interno de Control (OIC) presuntas irregularidades, como el incumplimiento de diversas cláusulas del contrato, simulación en la entrega de productos y retrasos de parte de La Red Corporativo.
Al mismo tiempo, el OIC -que depende de la Función Pública- inició una auditoría sobre el contrato, para verificar si efectivamente esta empresa cuya matriz está radicada en Villahermosa, Tabasco, cometió las anomalías que le imputan, indicaron funcionarios.
La Procuraduría, según fuentes del Gobierno federal, ha impuesto hasta ahora penalizaciones por 530 mil pesos a la proveedora, por diversos retrasos con la entrega de 17 desarrollos de sistemas tecnológicos. Además, analiza otro tipo de acciones legales.
Según la información obtenida, el hecho que dio origen a la denuncia de la PGR ante el OIC fue la supuesta simulación de entrega de productos.
En este caso, se trata del desarrollo de los Sistemas de Administración de Recursos Humanos (SARH) y el de Información de Recursos Humanos (SIRH), cotizados en 8 millones 977 mil 34 pesos y 5 millones 966 mil 258 pesos, respectivamente.
De acuerdo con fuentes de la PGR, en una acta se estableció que ambos fueron entregados a la PGR el 16 de noviembre de 2012, fecha límite que tenían para hacerlo; sin embargo, en los hechos ninguno fue proporcionado a la dependencia.
Otras de las presuntas irregularidades que indagará el órgano que depende de la SFP es el supuesto sobreprecio del desarrollo de un administrador de datos de la página de internet de la PGR, así como su versión móvil.
Este producto tuvo un costo de 8 millones 991 mil 400 pesos y es el único que la nueva administración acepta que está en operación, derivado del contrato PGR/AD/CN/SERV/147/2012, suscrito el 29 de junio del año pasado.
Sin embargo, la Procuraduría cuestiona que se utilizara como plataforma el administrador de contenidos Alfresco, una herramienta que es gratuita, y que cobraran un sobrecosto, pues en el mercado puede conseguirse este desarrollo a precios que van de 500 mil a 3.5 millones.
También se alega que la empresa proveedora hiciera su entrega hasta el 5 de octubre del 2012 y no el 15 de septiembre, la fecha perentoria que fijó el convenio.
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